Daniela Guarderas

 

Parecía evidente que, mientras se encontraban vigentes las disposiciones relacionadas con los laudos arbitrales dictados en el extranjero de los artículos 102 y 106 del Código Orgánico General de Procesos (en adelante “COGP”), previo a que un laudo dictado en el extranjero pueda seguir el procedimiento de ejecución, este debía someterse a un procedimiento de homologación; y, que a partir del 21 de agosto de 2018, fecha en la que se publicó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (en adelante “LOFPAI), se eliminó el procedimiento de homologación para los laudos arbitrales dictados en el extranjero. 

Ahora bien, con la promulgación de la LOFPAI se reestableció la vigencia del inciso final del artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación, por lo que los laudos arbitrales extranjeros debían ejecutarse de la misma forma que los laudos nacionales. Hasta, aquí parecería que la promulgación de dicha norma fue una victoria para el arbitraje internacional en el Ecuador. Sin embargo y, lastimosamente, los jueces no han parecido entender esta reforma normativa. 

Decimos, lastimosamente, toda vez que, en los últimos meses se han expedido sentencias, tanto de primera instancia como por parte de los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, en las que se evidencia que, los jueces no aplican la normativa vigente y, han señalado que: “[…] conforme el Art. 363 del Código Orgánico General de Proceso numeral 5) para la prosecución de este trámite (ejecución) , se necesita que el laudo arbitral expedido en el extranjero, esté homologado […]” [1].

Por lo tanto, bajo ese análisis, se pretende que, previo a la ejecución se efectúe la homologación del laudo extranjero, ello, a pesar de las reformas normativas que se incorporaron con la LOFPAI. 

Ahora bien, si analizamos la motivación de los jueces para llegar a la conclusión de que se requiere homologar un laudo extranjero para que proceda su ejecución, nos remitimos a la norma que han invocado, esto es, el artículo 363, numeral 5) del COGP, cuyo texto es el siguiente: “Art. 363.- Títulos de ejecución. – Son títulos de ejecución los siguientes: […] 5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero, homologados conforme con las reglas de este Código.”.

Sin embargo, al recurrir a la voluntad de legislador con relación a la homologación de laudos extranjeros, se pone en manifiesto que la intención general fue la de eliminar el procedimiento de homologación para los laudos dictados en el extranjero, ello se demuestra: i) con la reforma a los artículos 102 y 106 del COGP y, ii) con el restablecimiento de la vigencia del artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación, reformas incorporadas con la LOFPAI. De la norma citada, se puede apreciar que, parecería que fue un error del legislador mantener la palabra “laudo” en este articulado, pues, caso contrario, no se hubieran realizado las reformas al respecto y, en consecuencia, se hubiera continuado con el inexcusable requisito de homologar los laudos arbitrales extranjeros antes de que proceda su ejecución. 

A lo dicho se suma que, el artículo 363 del COGP señala que son títulos de ejecución “La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero, homologados conforme con las reglas de este Código”. Si consideramos que dichas reformas eliminaron la palabra “laudo” del procedimiento de homologación establecido en el COGP ¿Qué procedimiento de homologación deben seguir los laudos arbitrales expedidos en el extranjero? Habrá que hacerse esa pregunta. 

Ahora bien, al remitirnos a la ley de la materia, esta con precisión establece, que los laudos dictados en el extranjero se ejecutarán de la misma manera que los laudos nacionales, mediante la vía de apremio. Por lo tanto, no existe otro requisito que deba interponerse para la ejecución de los laudos extranjeros, otras interpretaciones de las normas y su espíritu, así como pretender incorporar otros requisitos a aquellos impuestos por los legisladores, generan inseguridad jurídica y significan un retroceso para nuestro país en materia de arbitraje internacional. 

[1] Corte Provincial de Pichincha, Sala de lo Civil y Mercantil, Juicio No. 17230-2019-03159, Sentencia de 30 de septiembre de 2019.