Caso CONVERGIA INC. c. CNT-EP

El 30 de abril de 2001, la empresa PACIFICTEL S.A., actualmente Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP), celebró un Convenio de Tráfico Bilateral con la compañía CONVERGIA ECUADOR S.A., empresa filial de CONVERGIA INC. Como consecuencia de ciertas disputas contractuales, se inició un proceso judicial en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil el 15 de agosto de 2017, en el cual se dictó un auto de mandamiento de ejecución ordenando a CNT-EP al pago de USD 19´141.975,88. CNT-EP presentó los recursos correspondientes. 

A pesar de que los recursos presentados por CNT-EP no habían sido resueltos, CONVERGIA INC. presentó una demanda de ejecución de dicho auto ante la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, el 26 de octubre de 2018. CONVERGIA INC. alegó que el auto era una sentencia ecuatoriana que debía ser homologada y ejecutada en Estados Unidos. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2019 el juez falló a favor de CNT-EP, reconociendo que el auto no era ejecutable a la fecha en que CONVERGIA INC. presentó la demanda, considerando que CNT-EP es una institución del sector público ecuatoriano que goza de inmunidad soberana.

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Caso Moghani c. República del Ecuador y otras instituciones públicas

El 13 de noviembre de 2019, el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida ordenó el cierre del proceso iniciado en julio del mismo año por el señor Seyed M. Moghani en contra de la República del Ecuador, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y la Autoridad Portuaria de Guayaquil. El proceso se vinculaba con el Contrato de Concesión de 2008 para el desarrollo de la Zona Franca en el Puerto de Guayaquil, cuya pretensión implicaba el proceso de liquidación de la compañía en Ecuador. La defensa se fundamentó en la inmunidad soberana, la prescripción de la acción y la falta de competencia del juez debido al incumplimiento de requisitos formales exigidos en la legislación estadounidense respecto de las notificaciones e idioma de los documentos del proceso. De esta manera, el Estado ecuatoriano evitó una disputa cuya cuantía ascendía a cerca de USD 400 millones.

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