AUTOR:
Dr. Edgar Neira Orellana
Presidente
Instituto Ecuatoriano de Arbitraje
Los centros de arbitraje que se ocupan de difundir las mejores prácticas de este método alternativo, en España y en Hispanoamérica, han puesto énfasis en la expedición de normas básicas sobre el buen funcionamiento de las instituciones que administran procesos mediante reglas que precautelan la igualdad procesal y condiciones que aseguren la independencia e imparcialidad de los árbitros.
A todas esas normas, explícitas, indispensables para un óptimo desenvolvimiento del sistema arbitral, se sumarían como exigencias más bien implícitas, las reglas sobre el buen uso del idioma español; entonces estaríamos dando por sobreentendido que en el trabajo diario de centros de arbitraje, árbitros y secretarios, la expresión gramaticalmente correcta también se contaría entre una más de sus cotidianas preocupaciones.
En los últimos tiempos se advierte que esto no necesariamente es así.
La globalización del instituto arbitral y la naturaleza de los conflictos comerciales o de inversiones globales que resuelve, la utilización del inglés como lengua vehicular o el empleo intensivo de tecnologías como herramientas de trabajo jurídico de los tribunales arbitrales son factores que tienden a distraernos de los cuidados que debemos adoptar en la expresión gramatical, pero el riesgo de los neologismos y de los extranjerismos que afean nuestra comunicación, han empezado a salpicarla de imprecisiones y de expresiones que repelen a un uso apropiado de la lengua española en que nos comunicamos.
Aquella máxima fundacional de la Real Academia de la Lengua, de 1713, de que sus esfuerzos limpian, fijan y dan esplendor al idioma español, debería ser asumida por todos quienes se involucran en los quehaceres diarios del arbitraje, para que las reglas de la gramática empiecen a merecer preocupaciones más explícitas y se conviertan en las herramientas insustituibles de una administración de justicia arbitral cabal y de indiscutida autoridad.
La actividad que despliegan los profesionales del Derecho está penetrada de la aplicación de principios y normas, pero estas no solamente mandan prohíben o permiten sobre los conflictos transigibles que resolvemos. También trabajamos con normas preceptivas de la ortografía y de la correcta expresión oral y escrita, cuyos mandatos nos reclaman idénticos comportamientos de sujeción y observancia, pues solo así los contendos de las actas que elaboramos, de las decisiones contenidas en órdenes procesales o en laudos reflejarán con fidelidad y especialmente con claridad, el sentido de la justicia.
El Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en aquel memorable Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Zacatecas en 1997, planteó al mundo de habla hispana que ya era hora de jubilar la ortografía. Veinte y cinco años después, tenemos ya perspectiva para señalar que esta fue una propuesta efímera y manifiestamente incompatible con un ejercicio responsable en el uso de las normas de la comunicación escrita, en lo que a la actividad jurídica corresponde. Por ventura estamos lejos de tan anárquica propuesta pero las rutinas y la difusión lamentable que tienen determinados errores en el uso del idioma, en la desaprensiva adopción de neologismos y extranjerismos, en la utilización de palabras que no existen reconocidas como tales, o el uso de mayúsculas marcado por la impavidez, ofenden a la seriedad extrema con la que debemos conducir los institutos arbitrales.
Así, el regusto egolátrico que queda del uso no autorizado de mayúsculas en expresiones como “presidente de tribunal” o “tribunal arbitral” revela el interés de obsequiarse importancia con un uso indebido que degrada el trabajo que ellos despliegan. A este error ha venido a sumarse el insufrible espíritu extranjerizante que gusta de transmitir el link en lugar del enlace que resulta más apropiado; y esa insípida palabra “oficiar” que repele porque el verbo no existe para el Diccionario de la Lengua Española son algunos botones demostrativos de un proceso irreverente con las reglas gramaticales que las prácticas del arbitraje ya fuere en derecho, ya fuere en equidad, deberían enderezar.
Recordemos que las leyes, decretos y ordenanzas al igual que laudos y sentencias que llevan errores gramaticales no generan confianza en los justiciables.
El Instituto Ecuatoriano de Arbitraje ha hecho apuestas decididas por difundir todos los elementos que promuevan las mejores prácticas del arbitraje y a partir de ahora pondrá énfasis en que las reglas de la gramática española, la correcta expresión oral y escrita sean prioridad permanente y explícita de centros de arbitraje, árbitros y secretarios, para fijar, limpiar y dar esplendor a la justicia y a la equidad que nos proponemos aplicar en los casos concretos. Todos están invitados a participar en esta cruzada por el correcto uso de nuestro idioma español porque la justicia no es solamente aquella que argumenta con solidez si al tiempo no se expresa con corrección.
