En 2022, Lynton Trading inició un arbitraje de inversiones contra el Estado ecuatoriano. En su notificación de arbitraje, Lyton reclamó el pago provisional de US$ 100 millones, argumentando que Ecuador impuso medidas arbitrarias y discriminatorias en violación del estándar de trato justo y equitativo, y que se expropió su inversión sin una compensación adecuada, obligaciones a las cuales Ecuador estaba sujeto bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos.

El arbitraje es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (Caso No. 2023-20) bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), y el tribunal arbitral está compuesto por Eduardo Siqueiros Twomey (presidente, mexicano), Adolfo Jiménez (estadounidense) y Jorge Viñuales (argentino).

En febrero de este año, se concretó la contratación de Winston & Strawn LLP, en asociación con Lauden Americas Consulting Washington DC, para representar al Estado ecuatoriano en el arbitraje contra Lynton Trading. Posteriormente, el 11 de marzo de 2024, venció el plazo originalmente fijado por el tribunal arbitral para que Ecuador presente su escrito de bifurcación.

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