En julio de 2020, la armada ecuatoriana alertó sobre la presencia de buques pesqueros y de abastecimiento con las banderas de China al borde de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. A principios de agosto, China aceptó un acuerdo que habilita a las autoridades ecuatorianas a supervisar la flota pesquera e informar inmediatamente al gobierno chino en caso de encontrar indicios de pesca ilegal. Se comprometió también a tomar una política de cero tolerancia, imponiendo consecuencias severas para las embarcaciones involucradas en pesca ilegal. Además, adoptó una moratoria de pesca por dos meses, durante los cuales las flotas chinas no podrán realizar ninguna actividad. Por último, Ecuador y China acordaron solucionar la controversia a través de medios diplomáticos.
En caso de que no se arribe a una solución a través de acciones diplomáticas, el Procurador General del Estado señaló en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional que la controversia debería ser resuelta por un tribunal arbitral internacional, constituido de conformidad con el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Anexo determina que, para la constitución del tribunal arbitral, el Secretario General de las Naciones Unidas establecerá una lista de árbitros y cada Estado Parte tendrá derecho a designar cuatro. El procedimiento del arbitraje será fijado por el tribunal arbitral, salvo pacto en contrario.
