El caso tiene origen en 2001 cuando la compañía Chevron adquirió Texaco Petroleum Company (TexPet), una empresa operadora de pozos en Lago Agrio. En 2003, los habitantes de Lago Agrio demandaron a Chevron por la contaminación causada en el área por la extracción de petróleo. En 2012, los tribunales ecuatorianos determinaron la responsabilidad de Chevron, ordenando el pago de 9,500 millones de dólares. Dado que Chevron no cuenta con activos fijos en Ecuador, los demandantes han intentado ejecutar la decisión en distintas jurisdicciones.
La Embajada de Ecuador en Estados Unidos calificó al juicio de Lago Agrio como fraudulento y enfatizó los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para ejecutar la decisión. Por ejemplo, la Suprema Corte de Canadá, tras recibir un escrito del gobierno ecuatoriano, desechó el caso presentado por los demandantes. En este contexto, la Corte Suprema argentina desestimó un recurso extraordinario propuesto por los demandantes para ejecutar la decisión y confirmó la sentencia de primera instancia que niega la causa por falta de jurisdicción. Los demandantes deberán pagar las costas del proceso en Argentina.
