El 30 de abril de 2008, inició el proceso arbitral del caso Perenco debido a cambios de reglas contractuales que equivalían a expropiación, específicamente por la adopción de la Ley 42 del 25 de abril de 2006. En esta, se estableció una participación del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos. Luego, el porcentaje se incrementó al 99 % mediante el Decreto Ejecutivo 662 de 4 de octubre de 2007 dictado durante el gobierno de Rafael Correa.
El laudo establecido inicialmente en 435,18 millones de dólares, se redujo a 351,69 millones de dólares tras : la deducción de valores por daños ambientales, costos y gastos a favor del Estado, y por el cruce de valores adeudados al Estado por medio del SRI.
Para el pago del monto final, se acordó un cronograma de pagos que se extiende hasta finales del 2023.
