La empresa china Ecuagoldmining, concesionaria de la explotación del proyecto de minería de oro y plata Río Blanco, ha notificado al Ecuador su intención de acudir a arbitraje en caso de que no se solucione la suspensión del trabajo por orden judicial, así como la presión de grupos antimineros. Los grupos antimineros advierten sobre el riesgo de contaminación de las aguas en la zona y además, reclaman la falta de constulta previa a las comunidades locales. Se espera que la Corte Constitucional resuelva sobre la revisión de las resoluciones de suspensión de los jueces locales.
La cuantía de reclamo asciende a 480 millones de dólares. De acuerdo al TBI firmado con China, debe transcurrir un periodo de 6 meses de negociaciones antes de acudir a arbitraje.
