En la sentencia No. 51-23-IN/23, la Corte Constitucional conoció una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Ejecutivo Nro. 754, que reformaba el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Dentro de la sentencia, el órgano de control constitucional determinó que el Reglamento transgredió el principio de reserva de Ley, consagrado en los artículos 132, 133 y 398 de la Constitución de la República. 

La Corte reconoció que la participación ciudadana, los sujetos consultantes, los sujetos consultados; los plazos, los criterios de valoración y los criterios de objeción de la consulta ambiental deben ser regulados a través de una ley orgánica en atención a lo estipulado en el artículo 398 de la Constitución. 

Finalmente, la Corte dictaminó que los aspectos antes mencionados no pueden ser regulados por un Reglamento, sino que deben de ser cubiertos con una ley orgánica como se mencionó anteriormente. Mientras la Asamblea Nacional cumple con el mandato de la Corte y hasta que emita la ley respectiva, los inversionistas que requieran licencias ambientales para sus proyectos se encontrarán con un vacío legal que no les permite obtener la licencia, pues no existe el procedimiento para ello. En la práctica, esto paraliza los proyectos. Lo anterior podría implicar graves disputas y demandas arbitrales contra el Estado ecuatoriano.

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