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Actualidad del arbitraje inversionista-Estado en Ecuador y la utilidad del regreso al CIADI

El arbitraje internacional de inversiones en el Ecuador se ha visto caracterizado por etapas donde el Estado ecuatoriano muestra una mayor apertura para su aplicación como método de solución de conflictos, y otras que buscaban densincentivar el uso de esta forma de resolución de controversias. El presente artículo hace un breve resumen de estos periodos y examina la necesidad de modificar el texto del artículo 422 de la Constitución ecuatoriana.

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Caso 3232-19-EP/24: la ejecución de laudos extranjeros en el Ecuador, un asunto zanjado por la Corte Constitucional

El arbitraje internacional de inversiones en el Ecuador se ha visto caracterizado por etapas donde el Estado ecuatoriano muestra una mayor apertura para su aplicación como método de solución de conflictos, y otras que buscaban densincentivar el uso de esta forma de resolución de controversias. El presente artículo hace un breve resumen de estos periodos y examina la necesidad de modificar el texto del artículo 422 de la Constitución ecuatoriana.

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El arbitraje internacional de inversiones y el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana

El arbitraje internacional de inversiones en el Ecuador se ha visto caracterizado por etapas donde el Estado ecuatoriano muestra una mayor apertura para su aplicación como método de solución de conflictos, y otras que buscaban densincentivar el uso de esta forma de resolución de controversias. El presente artículo hace un breve resumen de estos periodos y examina la necesidad de modificar el texto del artículo 422 de la Constitución ecuatoriana.

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Las consecuencias de la ilegalidad de una inversión, a la luz del caso Worley c. Ecuador

Para determinar su jurisdicción ratione materiae, un tribunal de arbitraje internacional debe calificar la inversión como «protegida» bajo el APPRI aplicable. Entre otros elementos, el tribunal debe verificar que la inversión cumpla con el requisito de legalidad. En ese orden de ideas, a partir del caso Worley c. Ecuador, en el presente artículo se examinarán los estándares aplicados por los tribunales internacionales para determinar la legalidad de una inversión. Especialmente, se analizará la práctica internacional cuando existe —o no— una «cláusula de cumplimiento de legalidad» inserta dentro del APPRI. Asimismo, se revisará si la ilegalidad sobrevenida de la inversión es una cuestión de admisibilidad o de méritos.

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¿Adiós al problema sin fin?: un breve comentario sobre el proceso de consulta de norma Nº 34-23-CN

En el caso 34-23-CN, se ha consultado a la Corte Constitucional si el artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación es contrario a la Constitución por permitir la ejecución de laudos extranjeros sin homologación previa. En el presente texto se realiza un breve comentario sobre la fundamentación de la jueza consultante y lo que prescribe la Convención de Nueva York sobre el proceso de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.

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EL ARBITRAJE Y EL IDIOMA ESPAÑOL

Los centros de arbitraje que se ocupan de difundir las mejores prácticas de este método alternativo, en España y en Hispanoamérica, han puesto énfasis en la expedición de normas básicas sobre el buen funcionamiento de las instituciones que administran procesos mediante reglas que precautelan la igualdad procesal y condiciones que aseguren la independencia e imparcialidad de los árbitros.

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La Sentencia 2822-18-EP/23 de la Corte Constitucional y la prueba en arbitraje

La Corte Constitucional ha delimitado el alcance de revisión que puede hacer el presidente de la Corte Provincial sobre la causal de la práctica de prueba, lo cual de ninguna manera le permite revisar sobre el fondo. El formalismo que existe en el marco de la justicia ordinaria con relación al ámbito probatorio, no tiene asidero alguno el arbitraje.

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El kompetenz-kompetenz en el derecho comparado: un lindero desdibujado

El principio kompetenz – kompetenz implica que los árbitros están facultados para decidir acerca de su propia competencia. Sin embargo, el contenido y alcance de este principio varía dependiendo de la jurisdicción y el sistema de Derecho en el cual nos encontremos. En el Ecuador, la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que los jueces únicamente pueden verificar la existencia del convenio arbitral, sin poder verificar su objeto, alcance o validez. Esta es una realidad contrastante con la de ciertos países del common law. El presente artículo compara el contenido que ha dado la Corte Constitucional al principio kompetenz – kompetenz con aquel de le han otorgado ciertos países del common law, mediante una revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema Canadiense.

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Los desaciertos en el voto salvado a la sentencia que declaró la inconstitucional de varios Artículos del Acuerdo Comercial entre Costa Rica y Ecuador

Este artículo pretende aclarar ciertos conceptos que el voto salvado de las juezas constitucionales Nuques, Corral, Salazar y Andrade ha confundido respecto del arbitraje internacional de inversiones fundado en un tratado internacional. Por lo mismo, este no pretende realizar un análisis del voto de mayoría de la Corte Constitucional.

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Cláusulas arbitrales patológicas por inexistencia de la institución arbitral en contratos comerciales internacionales y el caso ecuatoriano

«La “patología” en un acuerdo de arbitraje es como una “enfermedad” que puede contagiar en todo o en parte a la cláusula y ocasionar su ineficacia. En disputas relacionadas con contratos comerciales internacionales, esta enfermedad puede producirse por la inexistencia de la institución arbitral administradora del arbitraje obligando al tribunal arbitral a encontrar una posible solución o cura que pueda mantenerla viva, ya sea mediante la implementación de mecanismos de interpretación de la intención de las partes, la aplicación de corrientes doctrinarias, o, en el caso de que la sede del arbitraje sea la ecuatoriana, la aplicación del remedio procesal que ofrece la LAM y su Reglamento. Todo esto a la luz del principio Kompetenze-Kompetenze que faculta a los tribunales arbitrales a ser los únicos que pueden resolver sobre su propia competencia y determinar la validez de una cláusula arbitral frente a una posible patología.»

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