La compañía Servicios Integrados Pañaturi S.A, subsidiaria de la compañía estatal china Sinopec Oilfield Service Corporation, inició un proceso arbitral en el año 2019 en contra de Petroecuador. Las partes habían suscrito contratos para que Pañaturi prestase servicios específicos integrados a Petroecuador, en los campos Indianilla, Yanaquincha y Limoncocha. La disputa surgió sobre la procedencia contractual de pagos a la inversionista, por el aumento de producción de petróleo en estos campos. 

En febrero de 2022, el tribunal arbitral constituido para este caso emitió el laudo y condenó a EP Petroecuador al pago de aproximadamente 64 millones de dólares. Ante ello, en agosto de 2022 la Procuraduría General del Estado presentó un recurso de anulación del laudo ante cortes chilenas. Sin embargo, en mayo de 2023, se desestimó el recurso. El 07 de diciembre, aproximadamente 7 meses después, Sinopec informó que ha llegado a un acuerdo con Petroecuador para el pago del laudo. 

El acuerdo consiste en el pago de una parte del laudo, aproximadamente USD$34,98 millones, en once cuotas mensuales a partir de diciembre de 2023. Las partes establecerán reuniones de trabajo para determinar planes de pago en relación con el resto del monto.

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