En el 2020 la compañía Ecuagoldmining South America S.A. empresa legalmente establecida en Ecuador y subsidiaria de Junefield presentó una notificación de arbitraje en contra del estado ecuatoriano, en la cual manifestó su intención de llegar a un arbitraje internacional en vista de que existían diversos conflictos y protestas realizadas por grupos indígenas y anti mineros que impiden que la empresa minera realice actividades en el proyecto Río Blanco. En dicha notificación, la compañía reclamaba 480 millones de dólares y alegaba la falta de garantías de acceso a la zona pertinente para construir un tramo subterráneo para la extracción de oro y plata.
La empresa minera luego de negociaciones fallidas decidió presentar la demanda arbitral. Esta es una disputa relevante al encontrarse controvertidos los intereses de los grupos anti mineros que reclaman la protección de la zona con fundamento en la consulta popular, los de la compañía minera y, los del estado ecuatoriano.
